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Queda claro que la democracia constituye un sistema de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales que deben articularse de forma recíproca y continua para el cumplimiento de los fines ciudadanos. Es así que los derechos y libertades exhiben la democracia, exigen ciertas condiciones para su desarrollo permanente; entre estas podemos mencionar: la alternancia política, la autonomía de poderes públicos, la elección directa de autoridades y la garantía a las libertades civiles, fundamentalmente. Y si bien estas condiciones tienen que ver con el goce pleno del Estado de derecho, estas van más allá de la constitución y las leyes, porque la estabilidad y reproducción del sistema democrático obedece a todo un modelo cultural y de bases sociales organizadas alrededor de este proceso. En este contexto, los partidos políticos tienen incidencia directa y por ello deben contribuir a la aprobación de mecanismos efectivos para los cambios que los sectores sociales exigen, lo cual incluye la renovación del sistema democrático que los gobierna. Aquí la organización social juega un papel esencial para la gobernanza, como factor de contrapeso en casos donde las fuerzas políticas en connivencia con las instituciones se extralimiten en sus funciones. En este caso, vemos como la convulsión en la región apunta directamente a este planteamiento: Venezuela y Bolivia, son dos ejemplos en donde se ha violentado las condiciones del sistema de libertades, provocando serios conflictos que pudieron ser evitados. La crisis política en estos países, tiene que ver indudablemente con las acciones de perpetuación en el poder. Pero ¿cómo hacemos para impedir a los dirigentes y gobernantes que en nombre del “pueblo” y amparados en los conceptos de “soberanía” y “autodeterminación” pretenden cautivar con discursos persuasivos y asistencialismo engañoso a los ciudadanos para perpetuarse en el poder?. El rechazo social a través de la protesta es la primera acción, seguida de los recursos legales. Pero, ¿qué pasa cuando es subestimada la opinión de la mayoría de los ciudadanos?. ¿Qué hacer cuando se desechan las condiciones de la democracia y a la vez, se evaden los recursos legales?. La crisis en Bolivia –ya lo hemos dichos en anteriores oportunidades-, no comienza con los resultados electorales de hace unos días, comienza en 2016 cuando Evo Morales pasa por encima de la voluntad de los Bolivianos que negaron en consulta popular su solicitud para una reelección por cuarto periodo consecutivo. Aquí, se quebró el pluralismo y la posibilidad de que otras fuerzas políticas se alternaran para renovar la institucionalidad; de allí los eventos trascurridos hasta ahora.
Por eso la renovación de la democracia comprende un compromiso, e insistimos que más allá del orden jurídico debe conducir tanto a fuerzas políticas, como económicas y sociales a la construcción de una cultura que comienza en las primeras etapas de vida de los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa cuando las manifestaciones y protestas no cumplen con el efecto esperado o deseado en las autoridades o instituciones políticas para los cambios exigidos como es el caso venezolano, que ya luego de 20 años gobierna una forma política dictatorial donde se conjugan factores ilegítimos desplazados desde otros territorios, planteando escenarios donde se imposibilita la activación de leyes nacionales, superando inclusive mecanismos internacionales para la restitución de la democracia?. De acuerdo a factores políticos y de fuerzas que confluyen en nuestro país, se ameritan acciones y estrategias supra institucionales da la crisis humanitaria que apunta seriamente con afectar el crecimiento de la población en el mediano y largo plazo. Organizaciones como ONU, OEA y UE entre otras, no pueden apostar a que el debilitamiento de gobiernos como estos se dé a costa del deterioro social de los ciudadanos. Aquí es cuando la comunidad internacional también debe renovar sus formas y estrategias para la intervención efectiva en casos como estos, que lleven a la rehabilitación de los procesos democráticos y a la recuperación económica del país, que cuenta en lo inmediato del contexto nacional con una plataforma social más organizada y fortalecida.
Marisol Bustamante
Coordinadora de ONG Trasparencia Ciudadana
Número de Watsap: 0414 3538864
Lara/Venezuela
Transcripción y Embeds (Videos | Tweets): Lcdo. Carlos Romero |C.N.P. 24.081|
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