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La profundización de los delitos de corrupción en las dos últimas décadas, ha expuesto la participación no solo de familiares cercanos a funcionarios del alto gobierno, como es el caso de los «sobrinos presidenciales», sino de los propios hijos de funcionarios públicos entre los cuales cuentan ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, etc. Y es que en veintiún años, los niños que vieron asaltar a sus padres grandes cantidades de recursos en estos centros de poder, ya en su juventud, los ha llevado a seguir el ejemplo de sus propios progenitores quienes han fungido como los grandes maestros del delito público. Y por eso nos preguntamos, ¿qué principios, a cuales valores recurren estos como familia cuando los ingresos que los sustentan están vinculados directamente al sufrimiento de millones de ciudadanos que viven y terminan sus días en condiciones infrahumanas?.
Vemos como la corrupción arraigada por siglos en la sociedad venezolana y en la familia sólo ha conducido a la construcción de una cultura de la muerte; produciendo indicadores propios de una guerra civil, como por ejemplo: reducción extrema de la capacidad de consumo, aumento de la inflación, violación de derechos humanos, criminalización de la libertad de expresión, censura de medios y migración forzosa, entre otras.
No cabe dudas que la corrupción deshumaniza a la sociedad, violentando la integridad de los individuos, golpeando la conciencia social, generando escenarios de anarquía y abriendo espacios para la implantación de formas políticas totalizantes. Todo esto, nos lleva a ratificar nuestra propuesta para la reforma del Estatuto de Roma donde sean calificados los hechos de corrupción como delitos de Lessa Humanidad, por ser el peculado y la malversación de fondos públicos detonantes para la inestabilidad política y la desigualdad social.
El caso de Venezuela pone en evidencia la necesidad de promover una nueva institucionalidad democrática, que más allá de la penalización conlleve a la formación de una Cultura de Transparencia para el servicio público. En este sentido, el manejo racional de los bienes y servicios ciudadanos tiene que convertirse en una de las principales propuestas del proyecto de país; en el cual, se privilegie la transparencia como un valor humano, democrático y social.
MARISOL BUSTAMANTE/POLITÓLOGA
Coordinadora de Transparencia Ciudadana
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Información: Prensa Transparencia Ciudadana|
Transcripción y Embeds: Lcdo. Carlos Romero |C.N.P. 24.081|
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