La organización política Redes interpuso formalmente una demanda de nulidad por inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los artículos 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. La acción judicial, acompañada de una solicitud de amparo cautelar y suscrita por la nueva directiva del movimiento, busca restituir los derechos de participación de agrupaciones inhabilitadas o intervenidas judicialmente. El vocero principal de la iniciativa, Juan Barreto, argumentó que las disposiciones impugnadas violan el principio de igualdad y contravienen la representación de las minorías.
Durante la presentación del escrito, Barreto señaló que la aplicación de dicho marco legal ha servido como mecanismo de restricción administrativa para excluir del espectro electoral a factores no alineados con el Ejecutivo nacional. «Nuestros derechos deben ser restituidos de inmediato y, junto con los nuestros, los de más de 40 organizaciones que hoy se encuentran inhabilitadas o con direcciones intervenidas», afirmó el dirigente, precisando que la medida busca corregir la adjudicación discrecional de siglas y restablecer un piso de garantías mínimas para el ejercicio del voto.
La iniciativa se enmarca en un patrón continuado de judicialización que, según la representación de Redes, ha afectado durante la última década la autonomía de diversas corrientes políticas, incluyendo los casos emblemáticos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tupamaro y Acción Democrática. Barreto vinculó la acción legal con los recientes testimonios institucionales relativos a decisiones del máximo tribunal y enfatizó que el recurso no persigue un beneficio exclusivo para su grupo, sino la apertura del expediente judicial a la adhesión de otros actores políticos afectados.
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Transcripción: C. Romero (C.N.P. 24.081) | B. Bracho (C.N.P. 12.249) |
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