El abogado y profesor del doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eduardo Enrique Meier García, introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda popular de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el artículo 26 de su Reglamento y las circulares del Consejo Nacional Electoral (CNE). El recurso legal denuncia que la exigencia de acreditar «residencia legal permanente» o visados en el país de acogida constituye una restricción indebida al principio constitucional del sufragio universal, igualitario y directo, privando del derecho al voto a una masa crítica estimada entre cuatro y seis millones de venezolanos en el exterior.
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La acción jurídica se suscita en una coyuntura institucional caracterizada por la discusión pública sobre las garantías electorales y los procesos de negociación política en el país, registrándose además retrasos logísticos durante el trámite en la sede del máximo juzgado debido a fallas en el suministro eléctrico local. A la par de solicitar la nulidad por inconstitucionalidad del marco regulatorio vigente y la aplicación de una medida cautelar innominada de suspensión de efectos, Meier planteó reformar de fondo el sistema de votación externa mediante la creación de una circunscripción electoral digital que aproveche plataformas de autenticación remota, similares a las empleadas por organismos públicos para la tramitación de documentos legales.
Infoportada
«Hoy vengo a tratar de darle voz a la diáspora venezolana que, desde el año 2009, ha sido excluida cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales estableció condiciones que no son constitucionales; si métodos digitales se usan para otorgar poderes a través del Saren, ¿por qué no podemos utilizarlos para votar? La verdad es que ha habido mucho cálculo político-partidista para impedir que la diáspora ejerza su derecho», fustigó el profesional del derecho a las afueras del tribunal. Asimismo, instó a los profesionales del área legal que aspiran a integrar el TSJ en el proceso de renovación judicial a asumir un compromiso ético con la restitución de las garantías fundamentales de la población migrante.
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Con este recurso, la controversia sobre la participación política de los venezolanos en el extranjero trasciende el debate de las mesas de negociación y se sitúa en el terreno del control concentrado de constitucionalidad. La pretensión del expediente presentado este 11 de noviembre recalca la necesidad de conciliar la legislación electoral venezolana con los estándares internacionales de derechos humanos, abriendo un precedente técnico respecto al uso de la tecnología digital como herramienta de inclusión democrática y transparencia institucional.
Reel complementario vía @periodistasinforma2ve
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Origen: Agencias |@untalpedroleal | @periodistasinforma2ve
Transcripción: C. Romero (C.N.P. 24.081) | B. Bracho (C.N.P. 12.249) |
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